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El
Gobierno del Partido Popular continúa con la avalancha de reformas emprendidas
desde su llegada al poder. Este miércoles se tomaron otras muchas medidas que
van a influir considerablemente en el desarrollo de la economía española. Si
tuviese que enumerar todas las decisiones que Rajoy anunció ocuparía todo el
espacio de este post, si pincháis aquí accederéis
a todas las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, que supondrán un
ahorro de unos 65.000 millones de euros hasta 2014 para las arcas del Estado.
Funcionarios
Las medidas más polémicas sin duda
son las que afectan de lleno a los empleados públicos del Estado. Los
funcionarios ya han comenzado a manifestarse para luchar contra la lenta abolición
de sus privilegios. Poco a poco se va acabando contra las desigualdades entre
empleados del sector público y los trabajadores del sector privado, aunque
todavía queda mucho camino por recorrer. Los funcionarios dispondrán de menos
días 'moscosos', el número de liberados sindicales se limitará al mínimo que
marca la ley, se equipararán sus condiciones
en situación de incapacidad temporal a las del resto de los trabajadores y como
medida excepcional y extraordinaria se suspende la paga extra de navidad para
ellos. Todos estos cambios van dirigidos a equiparar la situación de los
empleados públicos a la de los empleados del sector privado, buscando
incrementar la productividad del ineficiente sector público español. Aunque veo
prácticamente imposible que esta igualdad entre empleados llega a culminarse
algún día, en España hay muchos funcionarios y ganar o perder unas elecciones
puede depender de como estén de contentos o enfadados. Lamentablemente, con la clase política de hoy día en
España no habrá ningún presidente con agallas para conseguir la igualdad de
condiciones y derechos entre funcionarios y el resto de empleados.
Subida
del IVA
La otra
medida estrella anunciada por Mariano Rajoy fue la subida del tipo general del
IVA del 18% al 21% y la del reducido del 8% al 10%. Como conviene siempre
recalcar, el IVA es un impuesto regresivo. Esto quiere decir que afecta con
mayor fuerza a las rentas más bajas, mientras que las rentas altas lo esquivan
algo mejor. Una familia con unos ingresos mensuales de 1.000 euros seguramente
tendrá que usar la totalidad de ese dinero para vivir mes a mes, de modo que el
100% sus ingresos se verán gravado por el IVA. Por el contrario, una familia
que ingresa 4.000 euros mensuales, puede destinar 2.000 a consumo para vivir y
otros 2.000 a ahorro o inversión, de modo que sólo verá gravado el 50% de sus
ingresos. Dentro de lo malo, la subida del IVA no afecta al
tipo superreducido, es decir, alimentos de primera necesidad, medicamentos y
libros y revistas.
De
todos modos, un incremento del IVA casi siempre supone un descenso del consumo
y posiblemente una caída a corto plazo de la producción, ya que el consumo en
España representa algo más del 60% del PIB. El consumo en España ya está
deprimido a causa de la crisis económica y sobre todo por el endeudamiento
privado español, que representa casi el 220% del PIB según Eurostat, mientras
que este endeudamiento y sus correspondientes intereses no sean sostenibles
para los agentes privados veo muy difícil una recuperación del consumo y la
inversión, y por ende de un crecimiento estable del PIB. Un incremento del IVA
sólo puede ralentizar este proceso de desapalancamiento de familias y empresas,
que ahora tendrán que destinar un porcentaje mayor de su renta para pagar su
consumo, de modo que quedará una porción menor para seguir pagando las deudas.
Según la OCU cada familia deberá destinar 415 euros más al año a consumo por
el incremento del IVA.
Este
incremento del IVA surge para incrementar los ingresos del Estado, reducir el
déficit y pagar con mayor holgura las deudas y sus intereses. Pero los
gobernantes deberían haber tenido en cuenta que la deuda del Estado es de
768.000 millones de euros, mientras que la de familias y empresas es más de 2
billones de euros. El problema de deuda soberana de España es consecuencia,
entre otras cosas, del excesivo endeudamiento de familias y empresas que les
impide seguir consumiendo, invirtiendo y generando actividad, que al fin y al
cabo es lo que termina produciendo los ingresos del Estado vía impuestos.
Por
eso, mi opinión es que el Estado debería haber recortado aún más el gasto en
otros sectores en los que sólo se ha raspado la superficie: una reducción mayor
de cargos políticos, concejales, fusión de ayuntamientos, eliminación de
diputaciones, abolición de los privilegios fiscales de Navarra y País Vasco,
retirada total de subvenciones a sindicatos, partidos, organizaciones
religiosas etc.
Resto de medidas
En
lo que se refiere a la reducción de concejales, reducción de sueldo de los
políticos, regulación del salario de los alcaldes, disminución de subvenciones
a partidos y sindicatos, etc. Está claro, que a pesar de su pequeño peso, son
movimientos positivos pero insuficientes para demostrar a la población que la
crisis afecta a todos por igual en términos de recortes y austeridad.
Otra
de las medidas destacables es la reducción de un punto porcentual de las
cotizaciones sociales en 2013 y otro más en 2014. De este modo se lograra algo
muy positivo, se reducirán costes y precios de los bienes y servicios producidos en
España, así podrán ser más competitivos en principio, además será más barato contratar
para el empresario por el menor coste. Pero
los recortes de las cotizaciones sociales tienen su parte negativa, y es que se
puede comparar con una reducción de salario para el trabajador. Puesto que las
cotizaciones a la seguridad social son el salario diferido del empleado, todo lo
que se reduzca ahora no lo cobrará en el futuro. Respecto a las deducciones por adquisición de vivienda ya di mi opinión aquí.
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